El pueblo ecuatoriano está viviendo la peor crisis institucional de este nuevo siglo. Hemos visto caer asesinados por manos criminales a muchos ciudadanos después de denunciar actos de corrupción. La serie de eventos criminales sospechosos contradicen el régimen constitucional de derecho y seguridad que deberíamos estar viviendo los ecuatorianos, nuestra constitución ni código orgánico integral penal contemplan la figura jurídica de la ejecución extrajudicial. Lo expresamos ante la escalada de crímenes perpetrados con la intención de silenciar las voces de quienes denuncian actos de corrupción en el país. Hoy el denunciante camina por el peligroso filo de una navaja en total indefensión de la justicia llamada a proteger a aquel que eleva su voz. Pero no solo estamos viviendo asesinatos de periodistas, comunicadores, e influencers de redes, si no la de jóvenes que recién empiezan a vivir, como es el caso de los 4 de las Malvinas y los 8 de Daule, además de otros tantos casos. Cuidado entremos en una espiral donde empiecen a matar gente que no le gusta al poder que digan, las cosas que se tienen que decir.